La promulgación de la Ley de Fuerza Pública trae un reto a la autoridad competente y a los tribunales laborales para hacer efectivo los créditos laborales. Pero, por las particularidades del derecho laboral, el procedimiento de otorgamiento de fuerza pública aumentará -en términos de aplicabilidad- los plazos de ejecución de las sentencias laborales.